El Departamento de Justicia de EE. UU. y la Agenda Migratoria de Trump
El Departamento de Justicia de EE. UU., liderado por la fiscal Pam Bondi, ha sido acusado de ser un instrumento del Gobierno del presidente Donald Trump en su lucha contra la inmigración ilegal. Este departamento ha incrementado significativamente las acusaciones y penas de prisión, especialmente contra aquellos que regresan tras ser deportados, alineándose con los objetivos políticos de la Casa Blanca.
Nunca antes, el Departamento de Justicia (DOJ, por su sigla en inglés) había mostrado un alineamiento tan claro con la agenda política gubernamental, la cual prioriza la aplicación de las leyes migratorias. Bondi ha redistribuido recursos dentro del DOJ para apoyar estas iniciativas, lo que ha despertado críticas entre defensores de derechos humanos.
Activistas como Vicki Gaubeca, directora de Política Migratoria de Human Rights Watch, sostienen que “El Departamento de Justicia está siendo utilizado como un arma para continuar con esta política de terror en contra de los migrantes”. El DOJ también destaca su papel en la iniciativa «Recuperemos América», que se enfoca en combatir la inmigración ilegal, el tráfico de personas y drogas, resultando en un significativo aumento de acusaciones.
La semana pasada, los fiscales del distrito suroeste del DOJ presentaron cargos contra 1.020 extranjeros por violaciones de leyes migratorias. En marzo, el total de acusaciones en esa región llegó a cerca de 5.000. Gaubeca critica que la administración está utilizando leyes antiguas que han sido históricamente aplicadas en períodos de racismo en contra de inmigrantes.
Esther Winne, portavoz del DOJ en Arizona, defiende que el enfoque del departamento sigue siendo el cumplimiento de la ley, estableciendo que la penalidad por reingreso irregular puede ser de hasta cinco años, dependiendo de las circunstancias del caso. Sin embargo, activistas como Gaubeca argumentan que esta estrategia es un componente de una guerra psicológica para forzar la salida voluntaria de migrantes del país.
Gaubeca también expresa preocupación por la presentación de cargos contra individuos que no han ingresado recientemente a EE. UU. sino que han vivido en el país durante años, alegando que esto contraviene las normas establecidas. Un caso representativo es el arresto de Jairo Ernesto Perry Santos, un inmigrante hondureño, acusado por reingresar a Estados Unidos después de ser deportado en 2016.
A pesar de las críticas, el DOJ y Bondi parecen ganar popularidad en ciertos sectores, destacándose casos de inmigrantes con múltiples deportaciones que concluyen en decisiones de regresarlos a México sin más acusaciones.
